Editorial

Europeos de primera

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Muchos gobiernos atizan el sentimiento antigitano con políticas restrictivas que ponen en peligro también los derechos básicos de la Unión, como la no discriminación

Este lunes la plaza ante el Parlamento Europeo en Bruselas vivió un evento impactante: la recreación de un asentamiento gitano, como tantos hay en Europa, evocando problemas de falta servicios básicos, vulnerabilidad a ataques y desalojos. Fue en motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril. La minoría más grande de Europa no lo tuvo fácil desde hace ya mucho tiempo, pero los tiempos que corren resultan especialmente duros. Los recortes al estado del bienestar les afectan desproporcionadamente. El crecimiento del populismo xenófobo les ha puesto en el punto de mira de algunos de los peores grupos y líderes que proliferan en esta Europa en crisis. Y muchos gobiernos atizan el sentimiento antigitano con políticas restrictivas que ponen en peligro no solo al pueblo romaní, sino derechos y principios básicos de la Unión Europea como la no discriminación o la libre circulación. La de ayer fue una acción característica de la nueva fuerza con la que este pueblo reafirma su identidad propia a la vez que lucha por unos derechos que nos atañen a todos.

La actual crisis ha puesto al descubierto la fragilidad de los valores y reglas de la convivencia democrática en toda Europa; el trato al pueblo gitano tal vez sea uno de los casos más sangrantes. Allí dónde los recortes a políticas sociales son más profundos, como en España y Portugal, los gitanos están a menudo entre los más afectados. Donde la crisis ha dado lugar a una subida del extremismo, la población romaní asiste a amenazas como la marcha anti-gitana organizada el pasado otoño por el ultraderechista Jobbik en la ciudad húngara de Miskolc o las brigadas ciudadanas de Aurora Dorada en Grecia. No es solo la ultraderecha: la mano dura contra los gitanos ha sido usada con fines electoralistas por los gobiernos de Francia, a partir de Sarkozy; Berlusconi y sus correligionarios no les fueron a la zaga en Italia.

Las instituciones comunitarias insistieron, con razón, en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población gitana en nuevos países miembros, en especial cuando República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria eran todavía candidatos. En esos países la población romaní es numerosa y a menudo se encuentra en situaciones deplorables. Suele ser, además, blanco favorito de ultranacionalistas y extremistas radicales en busca de un chivo expiatorio. Pero la comparación con Europa occidental no siempre es favorable a ésta. En Roma las autoridades locales han excluido del acceso a viviendas de protección social a los que viven en campos para gitanos. En Francia, los porcentajes de escolaridad completada entre la población gitana son más bajos ahora que en los años sesenta. En Reino Unido la actual campaña contra la llegada de inmigración búlgara y rumana ha desembocado en un frenesí mediático de estereotipos y pura xenofobia inconcebible hacia otras minorías. En España, a pesar de años de políticas públicas con logros incontestables, el porcentaje de población gitana que completa los estudios secundarios está por debajo de los países de Europa Central.

El pueblo romaní no baja la cabeza. En los censos efectuados en 2011 en Europa Central y los Balcanes ha crecido sustancialmente el número de personas dispuestas a declararse de etnia gitana. En Hungría, a pesar del terrible clima político, un 63% más de personas se declararon de esta etnia de las que lo hicieron en el censo de 2001. No es un caso aislado: en Serbia el tamaño oficial de la comunidad aumentó un 40% y en Montenegro un 300%. Esta toma de conciencia también afecta a Europa occidental. En muchos países la llegada de pequeños contingentes de gitanos rumanos y búlgaros ha agitado a medios y gobiernos, pero también ha servido para evidenciar la existencia de comunidades mucho mayores de gitanos autóctonos a los que se quiso ignorar durante décadas. De modo creciente los conocidos comoviajantes en el Reino Unido o las gentes del viaje de Francia se identifican con el pueblo romaní.

Los gitanos, minoría en todas partes y genuinamente europeos, no se resignan a ser ciudadanos de segunda en las sociedades de Europa. Levantan su voz en un momento adverso, en el que el discurso antigitano se banaliza y parece una manera casi aceptable de ser racista, incluso en países con larga tradición de lucha contra la discriminación, como Gran Bretaña. No hay peor síntoma del deterioro de la democracia en Europa que el auge de discursos, ataques y políticas contra los gitanos. Sus problemas confirman que esta crisis no es solo económica. Conviene no dejar de escucharles, porque su interpelación es relevante: ¿Es ésta la Europa en la que queremos vivir?

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Few days ago I came across this article on the Spanish paper El Pais and found it interesting, hence this post on my blog.

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Editorial

Francia pacta con Rumanía la integración de los gitanos repatriados

ImageEl ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, se ha desplazado a Bucarest este miércoles junto al ministro delegado para Asuntos Europeos, Bernard Cazeneuve, para tratar la situación de los gitanos. Rumanía -donde viven unos 620.000 (más de dos millones según las ONG), algunos de ellos asimilados y otros que evitan declararse por miedo a la discriminación- necesita el apoyo de las autoridades europeas para evitar la imagen que de los desmantelamientos de gitanos en los suburbios de las ciudades francesas.

“Nuestros esfuerzos comunes tienen que dirigirse hacia una solución para que los gitanos se integren en sus países y un elemento muy importante pasa por una colaboración entre las autoridades de ambos estados”, ha señalado el ministro francés de Interior, Manuel Valls, tras sellar un acuerdo bilateral con el primer ministro rumano, Victor Ponta, sobre la comunidad romaní. París quiere demostrar a Bucarest que seguirá desmantelando campamentos y devolviendo a los romaníes a su lugar de origen. Por su parte, Bucarest ha reclamado el apoyo de París para pedir fondos de cohesión europeos de 2014 a 2020 para aplicar programas de integración.

En solo dos meses, agosto y septiembre, Amnistía Internacional calcula que Valls va a expulsar a la mitad de los 15.000 gitanos rumanos que residen en Francia. Valls aseguró que su país asumirá responsabilidades, que pasan por “la eliminación de las chabolas ilegales, el traslado de los ciudadanos a las fronteras, forzada o con ayuda” pero, añadió, “también anunciaremos cuando sea posible un programa de integración en el mercado laboral, vivienda y la escolarización de los niños”.

Ponta ha dicho que debe haber más programas con el apoyo de Francia para reducir los desequilibrios sociales. “La verdadera solución se producirá cuando los niños romaníes tengan acceso a la escuela y trabajo en Rumanía”, ha precisado el socialdemócrata Ponta.

Horas antes del encuentro, alrededor de 200 gitanos han protestado frente a la sede del Gobierno en Bucarest para mostrar su malestar por la visita de los dignatarios franceses. La multitud vociferaba en contra de las autoridades, incluso de los líderes de la comunidad romaní: “¡Queremos trabajar, no mendigar¡”¡Vamos todos a escapar de los ladrones y mafiosos!”, “¡Queremos justicia, libertad y dignidad!”.

En Francia, el circo mediático creado en torno la destrucción de campamentos y las expulsiones ha reforzado la imagen de Valls, de largo en el miembro más popular del Gobierno socialista. Las encuestas estiman que dos tercios de los votantes del Partido Socialista defienden los desalojos y las deportaciones. El ministro del Interior francés resume su política con la fórmula “firmeza y humanismo”, o también “mano dura y derechos humanos”.

Las Naciones Unidas y las ONG afirman que su política es muy parecida a la emprendida en el verano de 2010 por Nicolas Sarkozy, cuando convirtió a los gitanos en el principal problema migratorio y de seguridad. Valls afirma que ahora se cumple la legalidad y las expulsiones se hacen “caso por caso”.

El presidente de la Alianza Cívica Demócrata de los Romanís (ACDR) Marian Daragiu, ha señalado que han salido a la calle para que el Gobierno reformule las políticas públicas adoptadas en condiciones paupérrimas y para expresar su enfado de que han sido manipulados electoralmente en los últimos 20 años en lugar de afrontar la cuestión.

“Esta bella historia con los franceses que vienen a poner de relieve que el Gobierno rumano se da por enterado [de las reivindicaciones francesas] tiene que parar. No se pueden esperar efectos positivos mientras las causas estén ocultas bajo una alfombra”, ha recriminado Daragiu.

Los manifestantes admitieron que la cruda realidad radica en la falta de trabajo, viviendas e imposiblidad de mandar a los niños a la escuela, demostrando a Europa una mancha que Bucarest reconoce.

Amnistía Internacional (AI) ha exigido hoy a Francia y a Rumanía que detengan los desalojos y las expulsiones forzosas de gitanos, una práctica ilegal que “viola los derechos de los ciudadanos a sus derechos fundamentales a la salud, la vivienda y la educación”, recuerda la asociación.

Valls se ha entrevistado también con el presidente Traian Basescu, el ministro de Trabajo e Interior, Mariana Campeanu y Mircea Dusa. Basescu ha rechazado las acusaciones de que “Rumania es responsable de la expulsión de la minoría étnica romaní, que necesite refugiarse en Francia”: “No se expulsa a ningún ciudadano en territorio rumano”, ha asegurado.

Ambos ministros franceses se desplazarán el jueves a Campia Turzii, un centro que recibe financiación del Gobierno francés destinado a integrar a niños desfavorecidos.

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